Cinco razones por las que los ERE no son ilegales

¿Son ilegales los ERE? A ver, lo formularemos de forma más concreta. ¿Puede considerarse ilícita la financiación con dinero público de prejubilaciones a trabajadores de empresas en crisis relacionadas con el Caso ERE? Ahí van cinco argumentaciones que desmontan la instrucción o, al menos, invitan a la reflexión y abren una nueva vía a tener en cuenta.

  1. Las ayudas concedidas por la Junta con sus fondos propios fueron novadas por el Decreto Ley 4/2012 de la Junta –que nunca ha sido recurrido–, por el que se novan todas las obligaciones derivadas de las distintas pólizas suscritas hasta ese momento para la concesión de subvenciones sociolaborales. Es decir, estas subvenciones, una vez adaptadas a las cuantías y límites contenidos en el citado Decreto Ley, están amparadas por una norma de rango legal.
  2. El Gobierno de España ha aceptado en varias ocasiones la cofinanciación de ERE a empresas andaluzas en crisis. Que sepamos, lo hizo en 1999 con Hamsa (Hijos de Andrés Molina) y en 2003 con la Faja Pirítica de Huelva. En ambos casos gobernaba en Madrid un partido de diferente signo al andaluz, esto es, Partido Popular. El Gobierno español aceptó, pues, la competencia del Gobierno de Andalucía para conceder estas ayudas sociolaborales.
  3. Las transferencias de financiación, expresión elegida por la juez instructora para referirse al ‘ilegal’ mecanismo de pago de los ERE entre los años 2000 y 2010, es un instrumento habitual de todas las Administraciones Públicas. Hablamos de un método de ejecución presupuestaria para agilizar los pagos que consiste en el envío de dinero a una sociedad pública. Es un procedimiento que consta en la Ley General Presupuestaria de 1988, que incluye las transferencias corrientes y de capital. Y lo emplean gobiernos autónomos de Madrid, Cataluña o País Vasco, además de infinidad de ayuntamientos y diputaciones. En sí mismas, las transferencias de financiación no son delictivas.
  4. La célebre partida 31.L de los presupuestos de la Junta de Andalucía, a la que alguien se refirió como fondo de reptiles, ha servido en un 90 por ciento para pagar prejubilaciones y el convenio general de la Seguridad Social. Venga, lo repetiremos para que quede claro. El 90 % de esos 855 millones presuntamente defraudados está en las cuentas corrientes de los parados andaluces y en la TGSS.
  5. Si la juez instructora estima que todas  las ayudas relacionadas con los ERE son ilegales no hay más remedio que suspender su abono, ampliar la imputación a los 6.000 prejubilados que recibieron las ayudas y reclamarles la devolución de las cantidades. ¿Por qué no se ha hecho ya? Asimismo, si el dinero recibido por prejubilados legales no es considerado destinado a un fin espurio, en ningún caso puede ser exigido a ninguno de ellos, por lo que habría que revisar las responsabilidades civiles excluyendo las sumas que perciben los prejubilados legales.
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Una respuesta a “Cinco razones por las que los ERE no son ilegales

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