El nudo gordiano del caso ERE y el Tribunal Supremo

¿El problema es el procedimiento o el destino del dinero?

Estamos aburridos de escuchar que el problema del Caso ERE son las archifamosas transferencias de financiación, y que su uso es delictivo. Según la instrucción, se diseñó un procedimiento opaco para ocultar el destino del dinero.

Permítannos unas líneas a modo de reflexión sobre la pregunta anteriormente formulada, que tiene su miga.

En Derecho Penal Español, la ausencia de procedimiento da lugar –en algunos casos– únicamente al delito de prevaricación, el cual solo se sanciona con inhabilitación para ocupar cargo público, y sin que quepa exigir la devolución de dinero alguno. Por tanto, que se emplee un procediendo opaco, es más, que no exista procedimiento, solo podría dar lugar al delito de prevaricación.

El concejal Fran Fernández fue condenado a inhabilitación de cargo público, pero no se le reclama dinero alguno porque los coches existen

En Sevilla ha existido un caso muy ilustrativo. Fran Fernández, concejal del Ayuntamiento con Monteserín, sin presupuesto, sin publicar en el BOP el concurso, sin expediente, sin autorización del interventor, llamó a la empresa Iturri y compró y pagó varios coches de bomberos. En total, unos 640.000 euros. La Fiscalía le acusó de prevaricación y fue condenado a inhabilitación de cargo público. No se le reclama dinero alguno porque los coches existen y se compraron a su precio de mercado.

Si aplicamos esto al caso ERE, y teniendo en cuenta que de los famosos 855 M€ al menos unos 700 están en manos de los prejubilados legales, la Seguridad Social y las aseguradoras, debemos preguntarnos si ese dinero ha ido a un fin correcto. Si es así, en el cálculo más generoso el fraude seria de 155 M€ –sin entrar en análisis–, y no se debería reclamar a los imputados los 700 M€ pues en el peor de los casos para ellos estarían ante un delito de prevaricación, esto es, sin consecuencias económicas.

En cuatro años, ni la UCO, ni la Fiscalía, ni la Junta de Andalucía, ni el PP, ni Manos Limpias, ni la juez, ni la Audiencia han solicitado medidas para recuperar el dinero

Si esos 700 M€ no han ido a un fin correcto, es inexplicable que constando en el juzgado todos los datos personales de los prejubilados legales y las aseguradoras, amén de la existencia del convenio especial, ni la UCO, ni la Fiscalía, ni la Junta de Andalucía, ni el PP, ni Manos Limpias, ni la juez, ni la Audiencia hayan pedido en 4 años, que se tomen medidas para recuperar este dinero, es decir, no le hayan reclamado la devolución a los prejubilados legales, a las aseguradoras y a la Seguridad Social.

Este es el nudo gordiano del presente asunto, que debe ser afrontado por el Poder Judicial y la Fiscalía a la mayor brevedad para evitar males mayores. Y ello por dos razones. O bien porque hay que reclamar de inmediato los 700 M€ para recuperar el dinero defraudado –con un retraso de 4 años–, o bien porque se ha cometido un gran error y se esté reclamando un dinero que nunca debió ser reclamado.

Sea cual sea la solución que se tome, la opinión pública merece una explicación por el gran error cometido, sea uno o sea el otro, y que por quien corresponda se tomen las medidas correspondientes contra los autores del error.

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