Los sólidos argumentos de Antonio Fernández ante el Tribunal Supremo

Antonio Fernández García, exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía, compareció el 30 de abril de 2015 en el Tribunal Supremo en calidad de imputado por el Caso de los ERE. Su presencia en este organismo dio mucho de sí, tal y como figura en el acta de su comparecencia, de ahí que extraigamos un conjunto de sus declaraciones que hacen referencia a la absoluta legalidad de las ayudas sociolaborales –por sentencia del TS, en sus palabras– y las transferencias de financiación.

A preguntas del Ministerio Fiscal:

  • (…) Que con respecto a lo declarado en el Juzgado de instrucción nº 6 de Sevilla, sobre el consejero al que se refiere que ideó este procedimiento, manifiesta que no suscribe lo recogido en dicha acta de su declaración habida cuenta de las condiciones en las que se prestó la misma, sin grabación y que están expresadas por su letrado en su recurso contra su encarcelamiento provisional. En cualquier caso fue el titular de la Consejería de Empleo del año 2000 quien firma un Convenio Marco y en 2001 firma otro Convenio Marco. Efectivamente un consejero no hace nada en contra del Gobierno. Era el Sr. Viera el consejero al que se refiere. Que antes de iniciar el interrogatorio en Sevilla estuvo cuatro horas la titular del Juzgado leyendo cargos contra el declarante, por ello entenderá que las preguntas, aunque fueran la 6 y la 8, ya no contestaba de la misma forma. No es un consejero distinto el que manifiesta en su respuesta número 6 y la número 8 de su declaración en Sevilla.
  • Que afirma que el nuevo Convenio Marco de 2001, sucesor de 2000, no se hizo con criterio de opacidad ni de desviación. Afirma que el Convenio de 2001 era conocido por todos los que intervinieron en un proceso presupuestario, órganos de gestión, de intervención, parlamentarios y de control interno y externo, y era conocido porque formaban parte de los expedientes de la memoria presupuestaria o de las modificaciones presupuestarias o del presupuesto general de la Comunidad Autónoma. El grado de conocimiento de cada uno dependerá de su papel en los distintos órganos que ha relacionado.
  • (…) Que el dinero iba al IFA a través de la transferencia de financiación con el visto bueno de la Intervención General, también por la actuación reglada de la intervención delegada de la Consejería de Empleo y llega al IFA con destino a ayudas sociolaborales. Santana era una empresa propiedad del propio IFA. Que no recuerda si en ese “consejillo” estaba el Sr. Zarrías.
  • Que no se ratifica en lo manifestado en su declaración Sevilla por descontextualizar lo que allí se dijo. El presidente de Andalucía conoce lo que conoce un presidente, la problemática sociolaboral, el conflicto de Santana ha sido conocido a nivel nacional, como la crisis de la empresa Delphi, pero eso no significa que el presidente conozca el procedimiento. El presidente sabía que había un problema muy importante e insta a su Gobierno para que trabajen para que ningún ciudadano quedara desamparado, pero no tuvo ni conoció el procedimiento ni el contenido exacto del convenio.
  • (…) Que la Orden del Ministerio del año 1994 que regulaba la aportación del Gobierno Central a las ayudas a empresas en ningún caso se correspondió con la realidad y era difícilmente aplicable a las realidades excepcionales de Andalucía. La Junta la aplicó donde era posible su aplicación en situaciones especiales. Y el Convenio Marco, que no ha sido tachado hasta ahora de ilegalidad, da respuesta a situaciones excepcionales de trabajadores que pierden su empleo y tienen difícil su inserción y se les concede una ayuda específica e individual. Nunca se dieron ayudas sociolaborales a las empresas, siempre fueron a trabajadores despedidos de empresas en crisis o inviables y que tuvieran difícil reinserción. El 80 o 90 por ciento del gasto público total ha sido destinado a ayudas sociolaborales individuales y en las que se incluía el pago a la Seguridad Social para que estos trabajadores estuvieran dados de alta. En esta causa no hay ningún ERE falso, todos los que se han tramitado en Andalucía son completamente legales y ajustados a la legalidad. También hubo un pequeño paquete para ayudas a empresas cuando la Consejería tenía capacidad de hacerlo para empresas con dificultades o territorios necesitados de estas ayudas.
  • (…) Que con respecto a las ayudas a las empresas, han sido declaradas legales por el Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sentencia de 20/01/2012, que condena a la Junta a hacer frente a unas ayudas, por lo que entiende que el Tribunal Supremo consideró legal la concesión de la ayuda.
  • (…) El Convenio Marco tiene vigencia anual y se prorrogó tácitamente año tras año. La aplicación del mismo contenía elementos de justicia y equidad. Mas de 6.000 trabajadores beneficiados por estas ayudas las cobraron, las cobran y las cobrarán. Han sido validadas por el Gobierno y el Parlamento. De los famosos intrusos a día de hoy quedan unas 6 personas. Entiende que la objetividad estaba incluida en el Convenio Marco. El proceso de elaboración de una norma parte de los servicios técnicos y antes de llegar al consejero debe transitar por muchos departamentos, incluido la Intervención, y quien da el visto bueno es la Dirección General de Presupuestos. La Administración va cambiando y adaptándose permanentemente a las respuestas que le piden.
  • (…) Que al declarante la Intervención nunca le hizo advertencia de ilegalidad de esto, por lo que no tenía por qué preocuparle como consejero. El Interventor conoció los expedientes y, en su caso, podía hacer un informe de ilegalidad. Se pararon 38 millones de euros por la Intervención, porque consideró que había daños al erario. Y al poco tiempo la Intervención liberó esos 38 millones.

«En esta causa no hay ningún ERE falso, todos los que se han tramitado en Andalucía son completamente legales y ajustados a la legalidad»

A preguntas de Su Señoría:

  • Preguntado para que manifieste si el Convenio era la solución a los problemas surgidos, contesta que no está de acuerdo con parte de la exposición razonada. Nunca hubo una disposición de fondos por parte del IFA sin respaldo presupuestario. Las transferencias de financiación era un sistema común de financiación y en la Consejería de Empleo pasaban hasta tres controles. El Convenio aparece con claridad en todo momento, en la memoria aparece. Se dice el dinero que se necesita. No hablaba del convenio porque hablaban de problemas, no del procedimiento específico. El declarante en el Parlamento Andaluz ha ido como consejero y ha explicado en esa condición la partida 31.L. y nunca tuvo ningún comentario respecto a su ilegalidad, lo único que le pedían es que buscara más dinero. El IFA pagaba siempre lo que la Consejería de Empleo aprobaba, nunca ha pagado por encima de esas cantidades. El gasto no se dispara, incluso cree que hay una contracción del gasto.
  • Que el Decreto no se aprobó porque cuando la Dirección General de Presupuestos tiene que emitir informe sobre el previsible gasto no se puede decir porque nadie puede saber qué iba a pasar en el año 2007. Delphi cayó en el año 2007. A ese campo de la no previsibilidad del gasto es al que se refería con respecto a la no aprobación del Decreto. El 99 % de las ayudas concedidas siguen siendo aprobadas por la Junta y revisadas, por eso se transfería a una compañía de seguros para asegurar su cumplimiento. Si ha habido alguna persona que ha hecho mal uso de esto, es el declarante el primer interesado en perseguirlo.

A preguntas de las defensas:

  • (…) Que los hechos han confirmado que todas las ayudas que se dieron han sido ratificadas por el Parlamento, han sido declaradas correctas y han tenido un destino correcto. Si ha habido una arbitrariedad cree que no ha sido en la concesión sino en la manipulación por terceros. Que por parte de la Cámara de Cuentas de Andalucía nunca ha habido ninguna advertencia de nada en el sentido de ilegalidad. Ha habido opiniones sobre si el sistema era más o menos correcto, pero no de ilegalidad.

«Al principio se habló de unos 200 intrusos y después de las alegaciones el nivel de intrusos (término que no comparte) no supera los 60»

A preguntas de su defensa:

  • Que las ayudas sociolaborales eran el 85 – 88 por ciento del gasto, el resto era para ayudas a empresas.
  • Que el número de beneficiarios individuales de esas ayudas supera los seis mil trabajadores.
  • Que cuando comenzó esta investigación judicial en Sevilla se inició un proceso de investigación de todas las ayudas. Al principio se habló de unos 200 intrusos y después de las alegaciones el nivel de intrusos (término que no comparte) no supera los 60. Muchos de ellos están pendientes de resolución judicial, aproximadamente un 1%, entre el 0,90 y el 1 por ciento.
  • Que puede garantizar que la decisión política de ayudar a los trabajadores que perdieron su empleo con difícil inserción se ha cumplido y toda la ayuda ha ido al interés público social que es la finalidad pública. Por eso no se le daba el dinero al trabajador sino que se ingresaba en la compañía de seguros. Todos los beneficiarios hoy disfrutan de su pensión de jubilación.
  • Que parte del pago, aproximadamente el 30%, a las compañías de seguros como ayudas a los trabajadores se destinaron a pagos a la Seguridad Social para garantizar las pensiones de jubilación, directamente a la Tesorería de la Seguridad Social.
  • Que el declarante es responsable de sus actos y con esta declaración no ha pretendido cargas culpas contra nadie. Cree que el Interventor hizo su trabajo y no consideró declarar ilegal esas ayudas, y no consideró hacer un informe de actuación, lo que le situaba al declarante en un entorno de tranquilidad para actuar.
  • Que afirma que el Parlamento tuvo conocimiento de estas ayudas dado que el Convenio Marco del año 2001 e incluso los compromisos de ayudas para el año 2002 se mandaban con la memoria del presupuesto para el estudio de los parlamentarios y de su aprobación final. El presupuesto, antes de ser debatido en pleno, se debate en las comisiones específicas. En las de la Comisión de Empleo, a las que el declarante acudía, explicaba el nivel de conflictividad y de lo que se iba a hacer debate no iba de ilegalidad sino de que el dinero era insuficiente y se exigía al Gobierno andaluz que interviniera en todos los conflictos conocidos. También en la Comisión de Economía y Hacienda ha expuesto el declarante esto.
  • Que la Cámara de Cuentas, hasta donde el declarante conoce, revisa cada año y recibe el informe de liquidación de las cuentas anuales en las que estaba incluido el programa 31.L. Nunca la Cámara de Cuentas ha puesto advertencia.
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