El recurso de Magdalena y el rango legal de las ayudas

Magdalena Álvarez, exconsejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía entre 1994 y 2004 y exministra de Fomento, recurrió tiempo atrás la fianza civil de 29,5 millones de euros impuesta por la juez Alaya al entender que se trata de una fianza “abusiva” y “presidida por un fin estigmatizador y punitivo. El recurso en cuestión, desarrollado por el abogado Horacio Oliva García, uno de los penalistas más prestigiosos de España, solicitaba la nulidad del auto por vulneración del derecho a la presunción de inocencia al efectuarse “un juicio anticipado de culpabilidad, desbordando las funciones propias del juez de instrucción”, todo ello en relación al hecho de que la juez aseverara que la fianza se impone ante la “probabilidad cierta” de que vaya a ser condenada por los delitos que se le atribuyen.

Alaya consideraba a Magdalena Álvarez artífice, en connivencia con otros, de un procedimiento ilegal de concesión de subvenciones que se prolongó entre 2000 y 2011, y señalaba que los hechos investigados podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos, de ahí que impusiera una fianza que tenía como finalidad la “devolución en la medida de lo posible del dinero que de manera indiciariamente ilícita ha salido del erario de la Junta”.

Finalmente, como saben, la Audiencia de Sevilla ordenó levantar las medidas cautelares que Alaya había impuesto a la exministra Álvarez y dejó por tanto sin efecto el embargo de sus bienes. La Audiencia argumentó que la instrucción no había avanzado lo suficiente como para entender necesaria y exigible la medida adoptada por la juez.

Reproducimos a continuación, por el interés de su argumentación y su vigencia años después en el transcurso de la instrucción del Caso ERE, algunos párrafos del recurso de Magdalena Álvarez. Huelga decir que esta tesis coincide con varios escritos presentados, la reciente declaración de Antonio Fernández ante el TS y la línea de este blog.

  • (…) Pero no solo la Administración sino el mismo Poder Legislativo andaluz ha declarado la finalidad pública de las ayudas sociolaborales otorgadas a trabajadores. Como es conocido, el 16 de octubre de 2012 el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía aprobó el Decreto-Ley 4/2012, “de medidas extraordinarias y urgentes en materia de protección sociolaboral a extrabajadores y extrabajadoras andaluces afectados por procesos de reestructuración de empresas y sectores en crisis”, que fue convalidado el 15 de noviembre de 2012 por el Pleno del Parlamento de Andalucía sin un solo voto en contra.
  • En primer lugar, ya en la propia Exposición de Motivos, párrafo décimo octavo, se afirma que “las ayudas sociolaborales se enmarcan, como se ha dicho, dentro de las políticas y competencias de la Junta de Andalucía sobre cohesión, protección y bienestar social, siéndole de aplicación las disposiciones inherentes a esta clase de medidas”.
  • Y en segundo lugar, en los artículos 2 a 4 de esta norma con rango legal, de forma expresa y detallada se otorga cobertura normativa a las ayudas, subrayando decisivamente su legitimidad y su adecuación material con nuestro ordenamiento jurídico.

«Los pagos efectuados a trabajadores que realmente reunían los requisitos legales para recibir las ayudas no pueden calificarse como un uso ajeno a la función pública»

  • De todo lo expuesto se deduce, en suma, que los pagos efectuados a trabajadores que realmente reunían los requisitos legales para recibir las ayudas (otra cosa pudiera decirse prima facie de los pagos realizados a “intrusos”, de algunas comisiones y de algunos gastos externos) no pueden calificarse como un “uso ajeno a la función pública”. Y, en realidad, es discutible que la Magistrada Instructora sí los califique de ese modo y pretenda considerarlos parte de la supuesta malversación. Al menos si se tiene en cuenta que tomarse en serio tal asunción debería llevar, en rigor, a considerar a sus perceptores como “partícipes a título lucrativo” conforme al artículo 122 del Código penal, lo que, a su vez y con arreglo a lo dispuesto en dicho precepto, supondría que las cantidades percibidas deberían ser objeto de aseguramiento patrimonial, debiendo procederse a su inmediato embargo para asegurar la no frustración de su devolución como ingresos sin causa legítima.
  • Si a estas alturas de la instrucción no ha optado por tan drástica medida solo puede deberse a que la Magistrada Instructora no asume que las ayudas sociolaborales integren el delito de malversación. Pero si no asume tal premisa, resulta manifiestamente arbitrario servirse de ella para elevar exponencial y desproporcionadamente la cuantía de la fianza impuesta a doña Magdalena Álvarez Arza.
  • A la luz de lo afirmado, antes que como medida estrictamente cautelar la abusiva fianza impuesta se revela más bien presidida por un fin estigmatizador y punitivo; fin coherente con el juicio anticipado de culpabilidad en que se sostiene, pero manifiestamente inconstitucional.
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