La juez Alaya se equivoca en 151 millones

Han leído bien, sí. Por un «apunta por ahí un dos, quita de ahí un cero, resta el uno al tres» –o quizá porque no todo el mundo era aplicado de niño en clase cuando la seño explicaba aquello de la lectura con el cuadernillo Rubio, la suma y la multiplicación–, las cuentas hasta ahora dadas por válidas en el Caso de los ERE, nos referimos a esos tan traídos 855 millones ‘defraudados’, podrían tener un error de 151 millones de euros. Así pues, la cifra del fraude sería de 703 M€.

Lo vamos a explicar detenidamente. Siempre con los informes de los peritos de la Dirección General de Seguros por delante. Les invitamos a coger la calculadora y hacer las cuentas con nosotros. Porque en esta vida, por muy digital que sea, no todo es copiar y pegar. Si llevamos razón, que la llevamos, esta sería solo una más de las situaciones kafkianas que inundan esta instrucción.

Partiendo de los datos que los peritos incluyen en su informe de fecha 8 de abril de 2014, cuadros contenidos en las páginas 29-36, las conclusiones que ha sacado la juez son erróneas, al limitarse a trasladar las cifras sin efectuar un análisis de lo que significan los conceptos. Tampoco la Fiscalía ha sabido analizar el informe.

El error cometido consiste en que a pesar de que los peritos manifiestan que la Junta de Andalucía (en adelante, JA) no ha abonado en concepto de coste de prejubilaciones la totalidad de los 760.257.651,32 € (véase octava columna del cuadro), es esta cifra la que se ha usado en la instrucción. A ello hay que añadir las ayudas directas a empresas. Respecto a esta última cantidad, siempre se ha admitido la cifra de 74.000.000 €, pero un reciente atestado sube la misma. En definitiva, el supuesto fraude llegaría a 855.000.000 €. Es decir, la cifra de ayudas a empresas se eleva a 95.257.651,32 €.

Además, el informe recoge un importante número de pólizas en las que los peritos desconocen si ha habido aportaciones ajenas a la JA, ya sea de empresas, trabajadores o el Gobierno Central (GC), en los casos que ha cofinanciado pólizas. Esta circunstancia hace mas incierto el cálculo del supuesto fraude (véase la octava columna, donde aparece la sigla N/D). En los cálculos que vamos a hacer suponemos que estas pólizas han sido abonadas al 100 % por la JA. Aunque sabemos que no es así, haremos el calculo más favorable a la instrucción.

  • Haciendo sencillos cálculos matemáticos con los referidos datos, la JA ha abonado en pólizas 621.221.120,38 €, un 81,71 % del total. Las empresas y el GC han abonado 139.036.530,94 €, un 18,29 % del total.
  • Esto tiene efectos en el cálculo de las célebres ‘sobrecomisiones’, dado que cuando la compañía de seguros –Vitalicio, por ejemplo– recibe el pago de la prima, ya sea proveniente de la JA o de otra entidad, la compañía hace el pago al mediador, que también recibe fondos que no provienen de la JA y que, por tanto, no son objeto de investigación.
  • Por eso, la cifra de 66.156.573,51 € queda reducida a 55.169.353,03 €. Y la cifra que la JA ha pagado en ‘comisiones legales’ asciende a 12.424.422,41 €, ya que los peritos admiten que el pago de un 2 % de comisión es legal.
  • La cuantificación de lo ‘defraudado’ asciende a 621.221.120,38 € (suma abonada por la JA) – 12.424.422,41 € (comisiones legales pagadas por la JA) = 608.796.697,98 €. En lugar de 760.257.651,32 €.
  • Una sencilla operación (760.257.651,32 – 608.796.697,98 = 151.460.953,34) desmonta la cifra erróneamente incluida en todos los documentos de la instrucción.
  • Si partimos de los 855.000.000 €, les restamos los 151.460.953,34 € y arroja la cifra de 703.539.046,66 €. Esta es la cifra máxima del supuesto fraude.

No obstante, seguimos insistiendo en que esa cifra incluye los pagos a los prejubilados legales, lo que supone que los prejubilados legales, las aseguradoras y la Seguridad Social se siguen considerando ilegales, a pesar de que no se les ha reclamado en cuatro años. ¿Cuánto supone esto?

  • El cálculo es sencillo. Sumando la parte de los intrusos (12.000.000 €), las sobrecomisiones (55.169.353,03 €) y las ayudas a empresas (95.257.651,32 €), resulta una cifra máxima de 135.052,709,04 €.
  • Si restamos esta cifra a los 703.539.046,66 €, resulta la cantidad de 646.887.958,00 €. Cifra que debe salir de la instrucción, ya que está en poder de los prejubilados legales, las aseguradoras y la Seguridad Social.
  • En el caso de que queden incluidos en la instrucción, la juez, la Fiscalía y la JA tendrán que explicar por qué en cuatro años no han movido un dedo para reclamar el dinero a quien lo ha percibido.

Ni que decir tiene que estamos ante un error de tal relevancia que pone en duda toda la instrucción de la jueza Ayala. Antesala de otros muchos que lamentablemente se han producido en la instrucción, y que ya han sido expuestos en distintos escritos no contestados por la juez. Errores que distorsionan la instrucción desde su origen. No se trata solo de unos euros arriba o abajo, sino de 151 millones de euros. Un error de tal magnitud que puede dar lugar a pensar que, como este, puede haber otros de igual envergadura, lo que sitúa a los imputados en unas condiciones de gran inseguridad procesal. Su relevo al frente del juzgado número 6 se ve con alivio por los más de doscientos imputados, que albergan esperanzas de que alguien mejor capacitado para hacer las sumas y restas encarrile de una vez por todas una instrucción que ya dura más de cuatro años, casi como la Primera Guerra Mundial.

Es como quien construye una carretera que se traza de forma errónea. En lugar de llevarte a otra ciudad, se dirige a un hondo precipicio. Lo malo es que estos errores están arruinando la reputación y la vida de cientos de personas, a las que habrá que reparar el daño causado.

 

NOTA= Para visualizar los cuadros adjuntos, hagan clic sobre ellos.

Informe_1Informe_2Informe_3Informe_4Informe_5Informe_6Informe_7Informe_8

 

 

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