El Tribunal Supremo apunta a retroceder un 80 % y sacar de la instrucción 695 millones

El último suplicatorio del magistrado del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro equivale en la práctica a revisar cada ayuda sociolaboral y retroceder un 80 % de lo instruido. Lo diremos de otra forma: salen de la instrucción al menos 695 millones de euros.

Les proponemos que lean con atención estas palabras de Barreiro, recogidas en la Causa Especial 3/20619/2014. Corresponden a su suplicatorio al Congreso con respecto a los imputados José Antonio Viera, Gaspar Zarrías y Manuel Chaves.

«(…) En primer lugar, ha de entenderse que el hecho de que las concesiones de subvenciones por esa cuantía sean nulas por haber infringido el ordenamiento jurídico no significa que todo el dinero concedido con cargo a ese programa presupuestario haya sido defraudado en perjuicio del erario público. Pues una cosa es que se esté ante la concesión ilegal de distintas subvenciones por diferentes cuantías y otra distinta que todas ellas fueran improcedentes desde una perspectiva sustantivo-material en el caso de que se hubiera seguido el procedimiento legal exigible para su concesión.

Así pues, ha de partirse de la premisa de que un porcentaje de las subvenciones ilegalmente concedidas habría que concederlo también en el caso de que la concesión fuera legalmente tramitada. Así que concurren supuestos de concesiones fraudulentas que nunca se debieron conceder y otras de las que sí tendría que hacerse cargo el erario público en todo caso, aunque cumplimentando el procedimiento legal para las concesiones.

(…) Los criterios utilizados para cuantificar el importe económico de las ayudas derivadas de la aprobación de los ERE ocasionaron menoscabo de fondos públicos debido a que las cuantías asignadas para abonar las prejubilaciones son sustancialmente superiores a las previstas en la Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 5 de octubre de 1994, por la que se regula, para el ámbito del Estado, la concesión de ayudas similares».

Ahora permítannos una serie de valoraciones al respecto.

  • La diferencia que hace el TS entre los efectos de la ausencia de procedimiento –PREVARICACIÓN– y el destino ilícito del dinero público –MALVERSACIÓN– es una cuestión básica para centrar el asunto.
  • Esta cuestión no es ni difícil, ni compleja. Es de 1º de Derecho Penal. Y es inexplicable que no la hayan tenido en cuenta ni la juez, ni la Fiscalía, ni la Junta de Andalucía, en el momento en que se inició la instrucción. Se supone que iura novit curia. El juez conoce el derecho, esto es aplicable a la Fiscalía y al gabinete jurídico de la Junta de Andalucía.
  • Los defectos procedimentales no suponen ni cárcel ni devolución de dinero. Solo inhabilitación para cargo público.
  • El TS señala que hay que ver cada pago para comprobar si cumplen la finalidad pública. Si lo cumple, aunque no haya procedimiento, solo estaríamos ante un presunto delito de prevaricación.
  • De esto precisamente trata el artículo El nudo gordiano del presente blog.
  • El TS legaliza el 40 % de lo pagado en las prejubilaciones aplicando la Orden Ministerial de 22-10-94, aunque debe aplicarse la OM 1-4-95. Esta norma da cobertura al 100 % de las prejubilaciones.
  • El TS señala que para que exista malversación es necesario que exista conocimiento y participación directa en la disposiciones de fondos. Lo que limita la aplicación del delito a los que ordenan los pagos y los que lo reciben.
  • Los efectos en la instrucción son demoledores, dado que hasta ahora todos los pagos suponían malversación.
  • Hay que modificar las imputaciones, las fianzas civiles, anular los embargos, etc. Hay que cambiar todo el planteamiento de la instrucción. Más o menos es como retroceder un 80 % de lo instruido.
  • Esto no es más que una variante de lo que venimos defendiendo en esta bitácora. Si todo es ilegal, ¿por qué no se ha solicitado la devolución del dinero a los prejubilados? Y si es legal, ¿por qué se exigen esas fianzas de responsabilidad civil por importe equivalente al dinero presuntamente defraudado?
  • De una forma o de otra el resultado es el mismo: salen de la instrucción al menos 695 millones de euros.
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