Sintel, el Gobierno Central y el cúmulo de despropósitos del Caso ERE

Hoy traemos a esta bitácora –de la que, por cierto, se hacen eco ya numerosos medios andaluces; alguna tecla estaremos pulsando correctamente– varios párrafos de la «Resolución del Ministerio de Trabajo sobre las ayudas para las prejubilaciones de los trabajadores de Sintel mayores de 50 años – 27 de noviembre de 2001». Lean con atención y juzguen si lo que decía entonces el Gobierno de España –Partido Popular, acusación particular del Caso ERE– al otorgar tres mil millones de pesetas (coste final, 300 m€) a los trabajadores de Sintel es lo que dice ahora respecto a otras empresas en crisis. Por favor, lleguen hasta el final. Quizá les sorprendan nuestras valoraciones y conclusiones.

LA RESOLUCIÓN

En el último párrafo del antecedente segundo se habla de la OM 05/05/95, no la que dice el TS en sus escritos, que es del 94.

«La resolución de 31 de julio de 2001 (E.R.E. 2001) recoge en el cuarto fundamento de Derecho y en el punto segundo del Acuerdo que los trabajadores podrán acogerse a las ayudas establecidas en la O.M. de 5 de abril de 1995 de ayudas extraordinarias del Ministerio de Trabajo en los términos y por los procedimientos señalados en dicha norma…».

Tercer Fundamento de Derecho. Primer párrafo. Causa por la que conceden la ayuda.

«Que los trabajadores para los que se solicita la ayuda se encuentran con el contrato de trabajo rescindido y en situación de desempleo, si bien y debido no sólo a su edad sino de forma muy especial a su escasa cualificación, su incorporación a un puesto de trabajo será muy difícil, razón por la que entre las medidas de protección social acordadas para este colectivo se encuentra la de que pudieran acogerse a la O.M. de 5 de abril de 1995 de ayudas extraordinarias».

Tercer Fundamento de Derecho. Primer párrafo. La solución.

«El sistema finalmente elegido es la suscripción de un plan de prejubilación que garantizará a este colectivo unos complementos a las prestaciones públicas a la vez que siguen cotizando a la Seguridad Social mediante el convenio especial que suscribirán con la Seguridad Social una vez hayan agotado las prestaciones por desempleo a nivel contributivo y que se extenderá para todos los trabajadores hasta la edad de 65 años».

Quinto Fundamento de Derecho. Último párrafo. Forma de cálculo de la ayuda.

«El coste del plan, cálculo efectuado por BBVA Seguros, a fecha 06/11/2001 y pendiente de que se puedan producir ajustes e inclusión de algún trabajador, asciende a 11.893.437.720 ptas., el importe total financiado sería de 12.113.817.942 ptas. El pago se financiará con cargo a los presupuestos de este Ministerio y de la siguiente manera: con cargo al ejercicio presupuestario de 2001, 3.000.000.000 ptas. de la aplicación presupuestaria de ayudas extraordinarias (19.03.315-A.482.00) y 3.700.000.000 ptas a través de una modificación presupuestaria que se está tramitando en la actualidad. El resto del coste del plan a partes iguales con cargo a los Presupuestos de los ejercicios 2002 y 2003».

En el epígrafe «Acuerda» se especifican, entre otros asuntos, los siguientes:

  • Se concede la ayuda a los trabajadores, no a las empresas.
  • El pago se hace a los trabajadores, que se comprometen  a aportarlo al plan de prejubilación. Es decir, el Ministerio paga a la compañía directamente.
  • Existe el compromiso de comunicar que se está pagando el convenio especial.

En definitiva, la Resolución del Ministerio de Trabajo acredita todo lo que se afirma una y otra vez en este blog. Insistimos en que dicha Resolución está fechada en 2001 y firmada por el Partido Popular.

 

VALORACIONES

  • Se acredita que son ayudas a trabajadores, no a empresas. Lo que demuestra que una vez que el dinero público ha entrado en el patrimonio del trabajador deja de ser público para ser privado. Prueba del error de la juez.
  • La resolución habla de una prima única, sin hacer distinciones entre las ayudas al trabajador, la comisión del mediador y el beneficio de la compañía aseguradora. La ayuda que se aprueba es una suma global que incluye todos los conceptos y que se cualifica caso por caso. Prueba del error.
  • Se aplica la norma del 95, no del 94. Prueba de los errores de la juez y del TS.
  • Se da a trabajadores de 50 años, por su escasa cualificación y porque están en desempleo, supuestos que permite la norma del 95.
  • La IGAE bendice el pago, lo que demuestra el error de los peritos de la IGAE, que desconocen el procedimiento que se sigue en el Ministerio de Trabajo y censuran la actuación del organismo al que pertenecen.
  • ¿Quién tiene razón? ¿El Ministerio, con su forma de hacer las cosas durante 20 años, o la UCO?
  • Para averiguar esto solo hace falta estudiar la ley, mirar la página web del MT y saber rudimentos de derecho laboral.
  • La ayuda no pasa por el Consejo de Ministros, a pesar de que supera el límite de 12 millones de euros a partir del que es necesario la autorización del Consejo (ver en la web del Gobierno de España la Concesión de subvenciones estatales anuales a partidos políticos). Aquí se reprocha que las ayudas no pasen por el Consejo de Gobierno. Esto prueba que la IGAE entiende que son ayudas individuales y que no es necesario esa aprobación.

 

CONCLUSIONES

De todo lo explicado hasta ahora, el lector puede comprobar que si sustituimos el nombre de Sintel por Delphi, Boliden, Santana, Altadis, Hitemasa, Matadero de Fuente Obejuna o cualquier otro, entre otros colectivos de extrabajadores a los que la Junta de Andalucía ha concedido las ayudas sociolaborales, podrán concluir de forma rápida que las ayudas se han concedido dentro de la más absoluta legalidad, que desde la perspectiva sustantiva-material son irreprochables, según los criterios de concesión del Ministerio de Trabajo, y conforme al criterio marcado por el Tribunal Supremo. Cuestión distinta es el procedimiento, cuyo cuestionamiento no implica que los pagos merezcan reproche alguno.

Este estudio de la legislación aplicable a las prejubilaciones no ha sido estudiado, ni tenido en cuenta en la instrucción. Nadie ha caído en estudiar esta legislación. A nadie se le ha ocurrido estudiar cómo se dan las ayudas por el Gobierno Central. Nadie ha sido los suficientemente prudente como para estudiar el asunto y obrar en consecuencia.

Bastan conocimientos medios de Derecho Laboral para haber concluido que las ayudas son legales, o haber seguido el criterio marcado por la Sala de lo Social del TSJA en Sevilla, en la sentencia dictada con fecha 22-05-14 en el recurso 972/13. Lo que demuestra que el Caso ERE no es un tema complejo. Ha sido la ignorancia de estas cuestiones lo que lo ha complicado artificial e innecesariamente.

Por contra, en función del “artículo 33”, todos han sostenido que las ayudas socialaborales son ilegales, que han supuesto un gravísimo perjuicio a las arcas públicas y que constituyen un delito de malversación.

Cuando citamos a nadie y a todos, nos referimos a la instructora, a la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, a la Fiscalía, a los letrados del Gabinete Jurídico de la JA, a la UCO y a la acusación particular del PP.

Queda fuera de toda duda la legalidad de las ayudas, pero lo más chocante y terrible es que el gabinete jurídico de la JA ha manifestado recientemente en un escrito que las ayudas sociolaborales son legales. Lo ha hecho cuatro años y medio después de comenzar la instrucción, después de pedir a muchos imputados fianza por esta cuantías, que antes eran ilegales y ahora son legales –sin que exista razón alguna para el cambio de opinión, ya que las circunstancias no han cambiado–, se ha enviado a personas a prisión, por entender que su actuación ha supuesto un perjuicio a las arcas públicas, que según manifestación de la JA, ahora son legales y no existe el perjuicio. Y son legales porque siempre lo fueron. O bien por ignorancia o por otra razón, nadie ha aplicado la ley.

¿Cabe un mayor despropósito?, ¿Cabe una actuación más errática e ignorante de las leyes?

La actuación de los peritos de la Intervención General del Estado causa estupor, dado que la IGAE ha considerado legal el pago de las prejubilaciones por el Ministerio de Trabajo, considera que son ayudas a los trabajadores, está conforme en que las tomadoras de las pólizas sean las Asociaciones de Extrabajadores y no exige licitación pública para la elección de la compañía de seguros. Es inexplicable e increíble que en su informe los peritos de la IGAE manifiesten justamente lo contrario a lo que el organismo al que pertenecen, la IGAE, ha venido autorizando desde el año 1995, sin que se haya cuestionado por ningún órgano del Estado.

Por tanto, la UCO lleva cuatro años investigando un fantasma, ya que la JA reconoce la legalidad de las ayudas sociolaborales y afirma que no hay perjuicio al erario público. ¿Cuántos millones de euros de dinero público se ha gastado en esta inútil investigación? ¿Cuánto daño gratuito e injustificado –que habrá que indemnizar– se ha infringido al 80 % de los imputados? ¿Cuánto tardará la instructora en corregir este clamoroso error? ¿Serán capaces el presidente de la Audiencia de Sevilla y la fiscal jefe de Sevilla de exigir responsabilidades a los funcionarios causantes de estos daños? En la actualidad por un comentario en Twitter se abren diligencias penales. Por estos errores, ¿qué harán? ¿O al tener que actuar contra ” los suyos” ignoraran la cuestión?

La manifestación del Gabinete Jurídico de la JA, ¿obedece a una instrucción política? ¿O es que cuando ha sido planteada la incoherencia de que se imponen fianzas a quien interviene en la concesión de las ayudas y no a los perceptores se han visto obligados a “retratarse”, y no han podido negar la evidencia? ¿O es que nunca habían estudiado el asunto?

¿Los medios de comunicación contarán este error con la misma amplitud, intensidad e importancia como hasta ahora contaban el ‘escándalo’ o intentarán taparlo?

Por último, el daño causado a la sociedad civil española y andaluza es incalculable.

En primer lugar, y gracias a una campaña de desinformación de la que estaría orgullosa Goebbels, la gran mayoría de la sociedad ha creído que se habían perdido 855 millones de euros, y que este dinero está en manos de unos pocos, cuando la realidad es que aparte de un grave error matemático cometido por la instructora y consentido por todos –en todo caso serían 703 millones de euros–, el 90 % de esta suma lo tienen 6.000 prejubilados. En segundo lugar, porque ahora la JA ha reconocido la verdad, y saca del fraude este dinero, lo que supone que hay que sacar de la instrucción 690 millones, cuestión que varias defensas llevan más de dos años diciendo, sin que se les oiga.

En tercer lugar, porque el TS ha diferenciado entre prevaricación y malversación, y que hay que revisar una a una cada ayuda, y comprobar que ha sido destinada al fin para el que se solicitó, lo que choca de forma frontal con la aplicación del Artículo 33.

Cuando todos hagan esta tarea, el fraude quedará reducido a la mínima expresión. La sociedad, profundamente decepcionada por el engaño de los medios de comunicación y muy afectada al comprobar que estamos ante el mayor error judicial colectivo de la historia de la democracia.

En fin, España es así. Tenemos lo que nos merecemos, aunque no nos resignamos a que estos hechos queden impunes y lucharemos para que este asunto sirva para cambiar radicalmente los malos hábitos policiales, judiciales e informativos.

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1 comentario

Archivado bajo Certezas

Una respuesta a “Sintel, el Gobierno Central y el cúmulo de despropósitos del Caso ERE

  1. KidTerminator

    No es sólo el caso de Sintel, generado por la Administración central de principio a fin. Hay otros en otras CCAA. Sólo hay que aportar un muestreo a la causa y, luego, pedir una pericial o una ampliación de la de la IGAE.

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