Ayudas sociolaborales Vs. subvenciones

En el prólogo del Decreto Ley se confirma que es el Parlamento Andaluz, con fecha 4-10.2012, el que por unanimidad aprueba una proposición no de ley para que se proceda al cumplimiento de los compromisos asumidos por la Junta en materia de las ayudas socio-laborales comprometidas hasta la fecha.

Esta decisión parlamentaria se ve justificada a lo largo del decreto-ley, quedando en todo caso acreditado que el Parlamento Andaluz ha consentido y ha tenido pleno conocimiento del procedimiento administrativo de concesión de las ayudas socio-laborales individuales, sin perjuicio de las mejoras que se regulan en el propio decreto.

Pero en todo caso, se puede afirmar que, con el apoyo expreso del poder legislativo, el ejecutivo andaluz estuvo gestionando y concediendo ayudas socio-laborales, y nunca subvenciones, tal como interpreta de forma errónea la Intervención General del Estado.

Igualmente se acredita que la Junta se limita a conceder ayudas individuales a cada trabajador, mediante la financiación del pago de las primas de las pólizas de los seguros. Hay un hecho muy importante de cara a fundamentar la ausencia de malversación.

El Decreto establece de forma muy clara en el art. 4º que las ayudas individuales concedidas hasta la fecha quedarán reducidas al importe resultante del ajuste previsto en dicho artículo, esto es, se financia tan sólo desde su entrada en vigor las rentas mensuales y el importe del convenio con la seguridad social (ya no se financia la comisión, ni tampoco se admite la complementariedad con otras ayudas sociales, con pensiones, con terceros beneficiarios, etc.).

Con estos nuevos requisitos, la Junta emplaza a los beneficiarios de las ayudas –y a los tomadores que les representan– para que concierten con las aseguradoras las primas que se ajusten a los nuevos conceptos subvencionados y noven las pólizas suscritas hasta la fecha. Si no se realizara dicha novación, “cesará la financiación pública de las primas de los contratos de seguro colectivo de rentas,  sin perjuicio de los efectos privados entre las partes”.

Este último párrafo contiene dos partes esenciales:

  1. Por un lado, se realiza una advertencia a los beneficiarios de las ayudas –a nadie más, por cierto– de que las ayudas que vienen recibiendo cesarán si no se novan las pólizas. Esto implica un reconocimiento de las ayudas concedidas hasta la fecha, pero que las mismas se dejarán de prestar si no se novan las pólizas en el plazo concedido.
  2. Y lo principal. Se establece de forma clara que una cosa es el cese de las ayudas socio-laborales, y otra las relaciones jurídico-privadas derivadas de las pólizas no novadas. Para el supuesto de que las pólizas no se noven, la Junta tan sólo se limitará a no ingresar a las aseguradoras las primas previamente comprometidas, lo cual tendrá los correspondientes efectos jurídicos entre las partes intervinientes en las pólizas, esto es, las aseguradoras, tomadores y asegurados. Podría darse el caso de que los asegurados siguieran pagando las primas comprometidas, y no se alteraría el contrato inicial.

Con esta advertencia legal, la Junta quiere dejar claro un mensaje a las aseguradoras de su ausencia de responsabilidad en caso de impago, ya que no es parte en el contrato.

Con todo lo expuesto se puede concluir:

  1. Que las pólizas de seguros las suscriben los asegurados y las aseguradoras. Son documentos privados en los que la Junta no es parte.
  2. La Junta de Andalucía únicamente interviene en las pólizas para acreditar ante la aseguradora que financia el pago de las primas como consecuencia de las ayudas socio-laborales previamente concedidas a los beneficiarios.
  3. Que los beneficiarios tienen una relación jurídico-pública con la Junta de Andalucía como consecuencia de los expedientes administrativos de las ayudas socio-laborales. En virtud de los mismos, los beneficiarios reciben fondos públicos que se integrarán en su patrimonio privado una vez recibidos. En dicha relación, ni intervienen ni son parte las aseguradoras ni las mediadoras.
  4. Que los beneficiarios tienen a su vez una relación jurídico-privada con las aseguradoras en su carácter de asegurados, obligándose a ingresar las primas y devengando los derechos de cobro correspondientes a los importe de las primas que las aseguradoras reciben según lo pactado en las pólizas de seguros. El importe de las primas, que son las ayudas pertenecientes a los asegurados, se ingresan directamente por la Junta en su representación, lo cual no implica que la Junta sea parte en la póliza de seguro. Sólo es mandataria de los asegurados en el ingreso de dichas ayudas.
  5. Que las aseguradoras y las mediadoras Uniter e Ingotor nunca han tenido relación jurídica alguna con la Junta de Andalucía, sin perjuicio de las reuniones que han mantenido con para contrastar los calendarios de pago de las ayudas atrasadas.
  6. Que las mediadoras Uniter e Ingotor  tan sólo han tenido una relación jurídico-privada con las aseguradoras con motivo de los contratos mercantiles de agencia.

En resumen, con todos estos hechos acreditados, amparados en el Decreto-Ley 4/2012, es jurídicamente imposible poder mantener que la Junta de Andalucía es tomadora impropia de las pólizas, que es el vehículo legal utilizado en la instrucción para mantener que los importes de las primas son fondos públicos.

La malversación tan sólo puede darse en la utilización indebida de los fondos públicos, y estos tan sólo los han recibido los beneficiarios de las ayudas, nunca las aseguradoras y aún menos las mediadoras Uniter e Ingotor. Pero la convalidación parlamentaria de dichas ayudas socio-laborales legitima el uso legítimo de los fondos públicos puestos a disposición de los beneficiarios, lo cual impide hablar de malversación respecto a la concesión y recepción de estas ayudas.

Las aseguradoras reciben fondos privados de los asegurados, y las mediadoras reciben fondos privados de las aseguradoras.

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1 comentario

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Una respuesta a “Ayudas sociolaborales Vs. subvenciones

  1. KidTerminator

    No haría yo un análisis tan optimista, ni menos aún basándolo en un Decreto-Ley de 2012, posterior a todo lo ocurrido. Hay algún error más, y otros aspectos están muy bien trabajados y desarrollados. Pero para mí lo esencial es que, si en su mayor parte el origen de los fondos que va a parar a -1º- las aseguradoras y de éstas a -2º- mediadoras y -3º- asegurados, cuando llegan a éstos, por el hecho de haber pasado por las aseguradoras, que tienen fondos propios y que reciben fondos de terceros, pierden su naturaleza jurídico-pública pasando a privada, y por tanto no hay malversación. Eso sin contar con que muchas veces las empresas que actuaban como tomadoras, aportaban fondos que eran suyos (o sea, 100% privados), ingresándolos en las aseguradoras que ponían en marcha el circuito de los pagos. O sin olvidar que en el Ere de Mercasevilla II, la Junta de Andalucía no llegó a abonar ni un sólo €, pagando la empresa lo que abonó (una parte) a Vitalicio (luego Generali) y recibiendo los trabajadores los pagos durante un par de años -creo recordar- procedentes de tal aseguradora; hasta el punto de que la Junta de Andalucía no ha reclamado fianza civil a los intrusos de este ERE porque nada pagó, nada le costó (fue muy significativa la intervención del letrado de la Junta en esa comparecencia). ¿No hace falta que ponga el nombre del supuesto o real intruso, verdad? En esta tesitura, conviene estudiar otros tipos penales distintos a los de la malversación, y desde luego más livianos.

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